Así como para telecomunicaciones tenemos el derecho a elegir la empresa proveedora del servicio incluyendo roaming y alternativas tecnologicas, un bien diseñado cambio normativo en el mercado eléctrico pondría a Chile a la vanguardia al habilitar el derecho consumidor de pagar elegiendo su proveedor comercial de electricidad, y simultáneamente promover la tecnología que nos abastezca en el futuro. Aún más, simplemente cambiando los medidores de electricidad que hoy solo miden las transferencias hacia el consumidor, también podríamos vender electricidad a la red en la que estamos conectados si deseamos generar con algún sistema propio, como son hoy energías renovables, requiriendo de la red pública solo los déficits que cada consumidor tenga respecto de su autoabastecimiento.

El solo estudio del tema planteado y una normativa adecuadamente modificada nos permitiría lo anterior y más aún, podría habilitar la posibilidad de un sistema tarifario de prepago de electricidad para los consumidores domésticos y empresas de servicios, hoy clientes cautivos de empresas distribuidoras que sólo son operadores de red normados en calidad de servicio.

Además, el cambio normativo podría comprender también reglar la autoproducción y venta de excedentes de electricidad en consistencia con dicho sistema de prepago que podría permitir también la elección de la empresa generadora de origen y su pago por lo que consumimos y, aún más, innovando para que dicho sistema de prepago permitiese definir por parte de los consumidores tendencias tecnológicas de desarrollo del sistema de producción y transporte de electricidad, en que la elección conllevase simultáneamente no solo los costos actuales sino también futuros, evitándose así conflictos de manifestaciones públicas carentes de información completa .

En efecto, un estudiado diseño normativo podría incorporar, adicionalmente al solo aspecto tarifario de la electricidad consumida hoy, una democrática forma automática de plebicitar la mezcla en que consumidores actuales definieran tendencias para que generaciones futuras se abastezcan de distintas formas de energía eléctrica, esto es de origen nacional como es la hidráulica, geotermia, eólica, solar u otra, o bien la importada como es la termoelectricidad a carbón, gas o petróleo tradicional o incluso la nuclear.

Así, comprando en el supermercado la tarjeta eléctrica roja, amarilla o verde de alguna empresa generadora, a precios que reflejen los costos de producción de esas tecnologías incluyendo incluso una componente de costos de desarrollo, el consumidor final, además de pagar los costos actuales, podría contribuir a promover las tecnologías futuras, no solo manifestándose con su opinión de apoyo hacia tal o cual empresa o tecnología, sino que incorporando en su compra el valor económico de dicho apoyo.

Esperemos que la comisión de expertos eléctricos que asesora de este gobierno incluya en su agenda análiis de aspectos como los mencionados.