Una vez más las recientes lluvias nos han rescatado transitoriamente del racionamiento eléctrico que al menos hasta 2010 estará presente como amenaza a la economía chilena, la que no solo deriva de falta de Gas Natural Argentino, que más bien es responsable de la enorme alza de precios a su vez consecuencia de condiciones del mercado internacional del carbón y del petróleo, sino también de la “Huelga legal de contratos y de inversión eléctrica” de inicios de este siglo. Esta fue provocada por los productores de electricidad, heridos con un cambio normativo radical aprobado durante el racionamiento de 1999, innovación relacionada con multas promovidas por reguladores y aprobada por legisladores sin medir sus consecuencias de largo plazo. Dicha lesión económica tuvo que ser operada de urgencia en 2005 mediante otro apresurado cambio normativo de violento efecto reverso, cuya cicatrización será de larga data y de doloroso efecto económico sobre los consumidores. El apelativo de huelga legal se lo otorgué en aquella época habida cuenta de que nuestra legislación no obliga a aumentar la oferta conforme crece la demanda, por lo que inversiones en generación eléctrica derivan solo de los incentivos de mercado concretados en compromisos contractuales voluntarios con los consumidores regulados o con industriales y mineros mayores en contratos libremente convenidos. Aquel cambio de reglas de juego al negocio eléctrico se evidenció claramente cuando el consumidor regulado quedó gradualmente sin contratos formales desde 2002 hasta 2010 y en el mercado libre tenemos precios y condiciones de suministro forzadas incluso por juicios arbitrales o bien convenidas en contratos celebrados sin alternativas, con plazos exagerados y duras exigencias so pena de regresar a la prehistoria del autoabastecimiento. Así entonces, la modificación normativa de 1999 creó un desincentivo a la inversión y una consecuente reacción demostrativa de la fuerza e importancia de la industria eléctrica que nos tuvo al borde del racionamiento ya en 2004, obligando así a rediseñar la exitosa y pionera, pero ahora ya vieja normativa eléctrica chilena, mediante la creación de una compensación notable a la herida inflingida, tramitada en 2005 también en procesos legislativos acelerados, que reforman el sistema de precios vigentes desde 1982 que cambian desde regular tarifas sin apartarse de los precios de mercado efectivamente vigentes y reemplazada ahora por una tarificación centrada en la liberalización de precios y ofertas de largo plazo incentivando así las urgentes inversiones que así dan termino a la extensa Huelga Legal de Contratos y de Inversión, cuyo doloroso resultado secundario aplica sobre los consumidores en un mercado eléctrico desadaptado y alterado hasta el próximo decenio.