En el sector eléctrico chileno de la zona central se está presentando un creciente riesgo de desabastecimiento futuro por falta de inversión y desarrollo, condición cuyas causas son múltiples y que comento en esta oportunidad separando mi columna en 2 partes, abordando hoy aspectos relacionados con la generación y en la segunda aquellos complementarios más bien relativos a transmisión.

Efecto importante deriva del “larguísimo trámite” que se ha traducido hoy en, hasta ahora, un “cortísimo proyecto de ley” resultante, entre otras causas, de las públicas diferencias entre los propios reguladores sobre el tema que, hasta pocos días atrás, parecía ser la materia primaria y central del intento de reforma parcial a la ley eléctrica vigente desde 1982. Me refiero a la tarificación del uso de los sistemas de transporte de electricidad cuyos vacíos legales entraban ya tantos años la gestión en el mercado eléctrico y cuya prolongada incertidumbre normativa finalmente reafirma la excusa para la no-inversión, tanto en generación como en transmisión, lo que nos expone a cada día más probable futuro nuevo racionamiento.

En efecto, los operadores hoy existentes en el mercado, particularmente empresas generadoras y transmisoras que están en “huelga legal” de inversión y de contratos, ven respaldada su posición. Ello, pues en la ley eléctrica vigente, “no se consideran de servicio público los suministros efectuados desde instalaciones de generación y transporte”, disposición aparentemente inocente que implica en la práctica que ninguna empresa eléctrica de generación o de transmisión tiene obligación alguna de invertir para soportar el permanente crecimiento de toda la demanda eléctrica del mercado en que opera, sino solo de aquella parte de la demanda de un consumidor o de un usuario de transmisión que por contrato libremente convenido se haya comprometido a abastecer.

También agrega riesgo el fenómeno inherente a la globalización, ya que las empresas eléctricas generadoras son hoy multinacionales cuyas condiciones financieras están deterioradas por razones no necesariamente ligadas al sector eléctrico chileno, complicándose el tema al cerciorarnos que es fácil pronosticar que la inversión de recursos internacionales escasos obviamente va con destino a países y sectores más rentables para empresas cuya gestión y resultados pueden cambiar radicalmente en ambientes regulatorios incompletos como el chileno.

Todo lo anterior explica que las empresas generadoras estén programando sus niveles futuros de producción segura para abastecer exclusivamente las demandas de sus clientes con contratos rentables, sin preocuparse mayormente de las demandas de suministro eléctrico de otros consumidores que la normativa actual hace no-rentables, porque la tarificación regulada no cubre los costos efectivos de transmisión a los puntos de consumo, como tampoco eventuales costos de compensaciones ante racionamientos. También han denotado su disconformidad con los niveles que resultan de las fijaciones tarifarias, aún cuando con sistemática conveniencia olvidan que dichos precios tienen niveles límites que ellos mismos han establecido mediante contratos en el mercado libre y que la ley obliga a seguir sin diferir más allá de 10%.

Así las cosas, el desinterés que públicamente han manifestado los operadores para desarrollar la oferta de electricidad hace que estemos entrando a un período de precaria seguridad al que, como veremos en la continuación de esta columna contribuyen también las que se están presentando en el transporte de electricidad.