Estamos volviendo a la prehistoria del mercado eléctrico chileno, reformado en los años 80, ello en el ámbito de las condiciones comerciales de suministro eléctrico de los grandes proveedores hacia los grandes clientes industriales y mineros. En efecto, Chile es un pais minero cuyos grandes proyectos, intimamente dependientes de su insumo eléctrico, fueron antiguamente desarrollados considerando que, como parte de las inversiones mineras era necesario habilitar previamente un sistema de producción y transporte de electricidad que aunque costoso y muchas veces exclusivo, era útil para toda la vida del proyecto minero. Así entonces, durante gran parte del siglo XX las centrales generadoras y lineas de transmisión necesarias figuraban como solo una fracción integrante de los activos íntimamente relacionados a la producción industrial y minera. Con la reforma del mercado eléctrico de inicios de los años 1980 y posteriores se produjo una difícil transición en la tarea planificadora de proyectos mineros y su relación con el insumo eléctrico, pues hubo que asumir que éste debía ser un servicio externalizado, transformandose así al proceso minero en un cliente consumidor más. Así entonces, la demanda industrial y minera de electricidad renunció al autoabastecimiento y se contrató negociando favorablemente con las empresas eléctricas productoras privadas, cuyas redes de transporte se expandieron interconectadamente con importantes economías de escala. Con alguna resistencia y dificultades iniciales de aprendizaje de habilidades negociadoras para enfrentar contratos de alto valor, los consumidores mayoristas de los años 90 entregaron su abastecimiento eléctrico a numerosas empresas eléctricas que entonces competían por desarrollar centrales generadoras y los sistemas interconectados, en un mercado eléctrico con contratos flexibles y de mediano y corto plazo que evolucionó concentrándose en proveedores multinacionales que financiaron privadamente el desarrollo, e incluso sobreequipando a los sistemas, particularmente al SING, bajo el abastecimiento de un insumo argentino económico, el gas natural. De pronto cambiamos de siglo, cuyo comienzo trajo consigo un escenario energético deteriorado, derivado de un problema financiero de los grandes operadores multinacionales y de cambios regulatorios locales, elementos cuyo conjunto provoca una reacción de “huelga legal de inversiones y de contratos” por parte de los productores. Se produce así una gradual reducción física y comercial en la oferta de electricidad, en un marco normativo que lo permite y que deja, particularmente al SIC de hoy, en una precaria condición y expuesto a riesgos por sequía hidrica que afectaría un 60% de la matriz productiva. Para coronar la desfavorable condición del sector, a partir del año 2004 Argentina nos somete a un racionamiento progresivo de gas natural que deja aún más expuesto al SIC, 30% dependiente de ese insumo, y por otra parte, muy debilitado al SING, 70% dependiente de ese insumo. Como resultado de la estrechez comentada hoy tenemos un mercado eléctrico muy alterado, distorsionado y expuesto en el corto y largo plazo. En lo inmediato, los mineros tienden a respaldarse localmente para los años venideros previniendo el caso de que los productores de electricidad no asuman sus responsabilidades contractuales escudados asimétricamente en las dificultades actuales y empujando hacia la prehistoria a los consumidores, tratando de forzarlos a tomar contratos de muy largo plazo que pueden distorsionar el mercado futuro, y de pasada contaminando severamente el mercado de los pequeños consumidores regulados. Lo cierto es que la demanda crece inflexiblemente y el gallito negociador por mayor oferta entre oferentes y consumidores está en su apogeo, lo que hace que en los contratos que resulten de las grandes negociaciones en curso quedará el futuro escenario energético.