El proyecto de ley hoy en trámite legislativo está concentrado en el negocio de transmisión de electricidad, intentando ver la problemática ya 20 años vigente para valorizar el uso de los sistemas de transporte y la prorrata del pago de su uso compartido. Este negocio monopólico tiene una renta que está siendo legalmente definida con el trámite legal en curso, el que debe evitar los reconocidos errores legislativos históricos, que por demás carece de ejemplos de solución perfecta en el mundo.

En la problemática de renta del negocio transmisor, aparece relevante la tasa de descuento que debe ser legislada para calcular las anualidades de las inversiones en sistemas de transmisión a costear. En efecto, la actual ley eléctrica, vigente desde 1982, está centrada sobre una tasa fija y explícita de 10%, cifra de rentabilidad del capital adecuada a dicha época, pero hoy difícilmente representativa de los mercados actuales. Despierta mi curiosidad entonces cómo se resolverá finalmente el tema pues, por una parte, conforme a las actuales valorizaciones de sistemas de transmisión en el SIC, cada punto de reducción respecto de 10% en la tasa que se legisle implica un menor ingreso anual de una más de una decena de millones de US$ para el conjunto de empresas dueñas de la transmisión eléctrica. Por otra parte, un ajuste a la baja en dicha tasa arrastra necesariamente la rentabilidad del negocio de distribución eléctrica, cuya fijación tarifaria el año 2004 podría seguir dicho ajuste, con las obvias consecuencias para el negocio de las empresas distribuidoras. Aún más, un proceso legislativo que concluya conveniente eliminar la rigidez de tasas de retorno fijas y preestablecidas, puede dar paso a negocios con rentas variables no garantizadas acordes a los actuales mercados de diversa índole. Incluso, un cambio radical posibilitaría normativas que imite ejemplos existentes que incentive la aparición de más actores, interesados en participar en licitaciones por nuevas y discretas expansiones de sistemas de transporte y cuyas distintas aspiraciones de renta generen competitivos procesos en beneficio de reducir los costos a pagar por los usuarios. Esto por demás disiparía definitivamente las sombras que alguna versión preliminar de proyecto dejó auspiciando un monopolio de transmisión con renta asegurada.

El caso es complejo, no se resuelve en poco tiempo y el objetivo es avanzar un paso para regular la el transporte de electricidad, hoy regulado como de desarrollo autónomo y negociación privada, pero de muy dificultosa aplicación. El proyecto resuelve el problema disipando actuales trabas, pero a través de un procedimiento que en la práctica parece discrecional, con indirecta planificación centralizada que también afectaría al negocio de generación, exponiendo así al regulador a presiones que las normativas modernas deben más bien tender a evitar, más aún cuando los consultores externos que se propone hagan los estudios de expansión de la transmisión pueden ser no del todo independientes, fenómeno negativo ya presente en el sector eléctrico por la aplicación de acápites de la ley actual y que la evidencia hasta ahora es que no serán tocados por el proyecto.

Otro comentario global es que el actual proyecto tiende a socializar los costos de los grandes sistemas troncales de transmisión, atenuando fuertemente las señales económicas de localización que hoy tienen las generadoras, sobrellevando 100% de los costos de colocación de su producción en el mercado y que en el futuro con vigencia de una nueva ley serán compartidos….con los consumidores. En efecto, el proyecto de ley propone que los costos de los principales sistemas, llamados troncales, sean compartidos a medias entre productores y clientes, lo que parece no haber sido dimensionado por las entidades representantes de los consumidores, que recibirán un impacto de varias decenas de millones de US$ por la sola vigencia de la nueva ley. Además, otro monto igual deberán asumir las generadoras como conjunto pero que esta vez individualmente sufrirán, o gozarán, de importantes cambios en sus costos de explotación derivados de esta redistribución legal.

Lo mencionado es motivo de ansiedades, es por algunos susurrado o incluso ocultado, por otros gritado y hasta llorado. Por mi parte pretendo sea conocido y analizado cuidadosamente en el proceso legislativo en curso, cuya evolución observo con curiosidad profesional de este testigo ya por 30 años en el sector y de ciudadana preocupación como vulgar consumidor de electricidad.