El negocio eléctrico ha estado hace ya tiempo en un “gallito” entre el regulador estatal y las multinacionales propietarias de casi la totalidad del sector generación-transmisión y de la mayoría del sector distribución. Las primeras hoy están casi en “huelga de inversión” en tanto no se aclare la reforma normativa tanto tiempo vapuleada y que está ya en trámite legislativo, en un proyecto de ley que idealmente debió ser una actualización global de la ley eléctrica que nos acompaña ya por más de 20 años. El proyecto actual está centrado sobre una “ley corta”, llamada así por contener solo parte de los temas que requieren urgente revisión, habiendo dejado el regulador para una posterior “ley larga” aquellas materias complejas que requieren mayor discusión, pero que ciertamente perderán la ocasión de ser legisladas por quienes hoy se capacitarán para el primer evento y que probablemente no estén para el segundo, con la consiguiente ineficiencia en uso del recurso escaso de legisladores bien informados sobre un tema de compleja solución y que importa intereses de inversionistas, operadores y consumidores, grandes y pequeños.

Así entonces, reconociendo que la ley eléctrica vigente, ya más de 20 años, fue innovadora, eficiente en sus objetivos y de logros incuestionables, es necesario que deba adaptarse a la evolución de los mercados, que hoy marcan diferencias sustanciales con los principios conceptuales que animaron la reforma eléctrica iniciada en Chile a fines de los años 70. Me refiero a aquellos principios orientados a lograr los objetivos de descentralización de las decisiones, a la desconcentración del mercado, a la regionalización de las empresas, objetivos que corrían a la par de metas que hoy son logros incuestionables de eficiencia económica y de privatización de las antiguas empresas estatales, en respeto al así llamado principio de subsidiaridad del Estado, consistente en dejar a su quehacer solo aquello que los privados no quieran o no puedan hacer.

¿Se han descentralizado las decisiones y desconcentrado el sector eléctrico? En forma inicial y rotunda contesto… Afirmativamente ….y agrego que ello SI sucedió en los años 80 y principios de los 90. En efecto, las antiguas estatales Empresa Nacional de Electricidad y Compañía Chilena de Electricidad, que desarrollaban todas las instancias del negocio, planificación, desarrollo y operación en todas las etapas de generación, transmisión y distribución, y que comprendían la mayor parte del mercado eléctrico oferente de la época, fueron efectivamente separadas en nichos específicos de negocio.

Así se origina, conjuntamente con las nuevas y antiguas empresas privadas remozadas, un parque de mercado eléctrico con más de 20 empresas generadoras independientes, más de 30 empresas distribuidoras también independientes y una media docena de transmisoras de todo tamaño. Esto, además en un marco de capitalismo popular, con beneficios tributarios como el antiguo 57 bis y que hizo propietarios a miles de chilenos de una buena parte del sector, llegando incluso a la internacionalización de empresas chilenas, y liberándose efectivamente así a una parte de los estados latinoamericanos del lastre de las antiguas obligaciones sobre sectores de tradicional uso de capitales públicos.

No obstante el SI anterior, más bien se transforma en un NO, cuando nos acercamos al cambio reciente de siglo que se evidencia con la globalización del negocio eléctrico, escenario opuesto a la intención de regionalización de los 70 y que hoy tiene a Chile prácticamente con sólo 3 actores de peso en el segmento generación, 4 en distribución y 1 en transmisión. Esto sucede luego una espectacular evolución de un mercado accionario que culmina en los 90 con la irresistible tentación de compra-venta a grandes inversionistas institucionales y luego a multinacionales que, entre otros intereses, ven grandes oportunidades de negocio, operacionales y ¿financieras? en las cabezas de playa que empresas chilenas habían instalado en el concierto latinoamericano.

Así las cosas, es indudable que el escenario macro ha cambiado y, en consecuencia, que una revisión normativa debe adaptarse a él, en un complejo análisis que debe conciliar objetivos públicos y privados, nacionales y globales. De esta manera, el contenido del proyecto de ley corta, orientado particularmente hacia resolver problemas del servicio eléctrico de transmisión posterga sin atender cabalmente la problemática de falta de competencia actual en el mercado chileno, lo que lamentablemente se ha dejado para la ley larga ¿varios años más?, retardando así la aparición del nuevo actor dinamizador del mercado, el Comercializador de electricidad. Esta nueva empresa será de giro exclusivo para atender clientes consumidores finales de electricidad y que, según se vislumbra en dicho proyecto, nace a razón de al menos una empresa de este giro por cada empresa generadora y distribuidora actual, pudiendo ejercer su gestión a nivel país.

La existencia legal de este comercializador permitiría resolver la problemática que hoy afecta a los miles de consumidores no regulados pero paradójicamente “cautivos” por empresas distribuidoras las que, aún cuando se trata de clientes que la ley habilita para negociar, imponen condiciones sin mayores alternativas para el cliente final. Esto también aliviaría el caso de los grandes clientes de empresas generadoras, que frente a procesos de licitación de sus suministros eléctricos, hoy no encuentran un mercado oferente competitivo. Para finalizar, conjuntamente con este Comercializador, y su consiguiente competitividad, el proyecto de “ley larga” trae aparejado reducir el tamaño de los clientes a los que hoy la ley permite negociar, con lo que el mercado eléctrico en su conjunto se dinamizaría enormemente, ejerciendo más efectivamente su poder de corregir las rigideces que hoy ha adquirido en espera del desenlace del peligroso “gallito” en el que una de las partes puede resultar herido.