El mercado eléctrico chileno presenta en estos días, una vez más, pretensiones de inyecciones importantes de capital extranjero sobre empresas cuya propiedad accionaria tuvo hasta ahora una importante componente nacional. Es el caso de GENER y el de SAESA-FRONTEL. Esto no debiese llamar la atención pues la acción de compra de empresas ya constituidas por parte de grandes conglomerados internacionales es sólo parte de lo que hoy mundialmente se denomina “Globalización de los Mercados”. Sin embargo, el usual ejercicio financiero que hoy se ejecuta sobre el negocio de la generación de la electricidad en Chile, amerita recordar la evolución de nuestro mercado eléctrico, pues veremos que contrasta de los objetivos originalmente pretendidos por quienes iniciaron los procesos de reforma eléctrica en el mundo, precisamente comenzados en nuestro país a fines de los años 70, y sólo más una década después seguidos en otros. Esta transformación de los mercados eléctricos (y también de otros), que hoy también se denominan “procesos desreguladores”, se funda en dispersar la propiedad de empresas tradicionalmente estatales hacia entidades privadas, que así desarrollen un negocio segmentado en una cadena del valor que tiene tanto eslabones competitivos como monopólicos.

A inicios de los 70, en Chile el sector eléctrico estaba altamente concentrado en grandes empresas estatales, como lo eran la antigua ENDESA y CHILECTRA, con fuertes déficits de caja soportados directamente por el fisco. La segunda parte de esa década correspondió a una racionalización de esas empresas y de las políticas de precios de la electricidad. Como parte de estas, se modificó la normativa legal y se fomentaron las condiciones de competencia y de participación privada en el sector. Lo anterior reconoció que el propio mercado podía asignar eficientemente los recursos. Para esto, el estado desconcentró, privatizó, descentralizó (e intentó regionalizar) el sector eléctrico chileno, reservándose para él la sola práctica del principio de subsidiaredad, consistente en ejercer labores empresariales cuando éstas no puedan o no quieran ser ejecutadas por privados. Este proceso, comenzado en el primer lustro de los 80 termina a mediados de los 90 consiguiéndose alcanzar finalmente cerca de 40 empresas distribuidoras, 5 transportadores y más de 20 empresas generadoras de electricidad. Todo con precios que sistemáticamente han cumplido hasta ahora el propósito original de eficiencia.

Este logro de desconcentrar y privatizar aparece extraordinario a primera vista, dejando ampliamente satisfechos a los que propusieron esta forma de conseguir precios eficientes, incentivando la competencia en las etapas competitivas del negocio eléctrico (principalmente generación) y la eficiencia, en transmisión (intento no logrado), y en distribución (ambos negocios mayormente regulados).

Sin embargo, la evolución estructural de propiedad del mercado eléctrico muestra que se está produciendo una sistemática reconcentración de la propiedad, particularmente notoria en el sector generación y en la que la incursión financiera de la OPA de estos días evidenciará más el fenómeno. Por su parte, en distribución, la globalización de los mercados también está reconcentrando las empresas actuales en unos pocos propietarios, también grandes operadores internacionales.

Así, esta globalización claramente trae reconcentración del sistema eléctrico chileno hacia manos de unos pocos grandes operadores internacionales, luego de más 20 años de historia paradójica. Como últimos ejemplos con participaciones nacionales importantes después solo nos quedan las generadoras Electroandina y Colbún, aún parcialmente estatales, y por último CGE, importante distribuidora que tiene la más larga data en, hasta ahora, conservadoras y privadas manos nacionales. En todo caso, todas ellas están hoy en negociación de traspasos de propiedad, cuyos resultados más probables serán confirmar la tendencia señalada de reconcentración, ello tras una máscara de globalización.